El Gobierno aprobó el viernes 11 de julio, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros y pretende que entre en vigor antes de que acabe 2014. Esta reforma ya generó una gran polémica al conocerse el borrador en el que se explicaban las multas y sanciones económicas ante diferentes actos, por lo que fue bautizada como Ley Mordaza. Diversos colectivos -entre los que se encuentra EQUO-, han protestado contra la medida y expresado su total rechazo.
Según el Gobierno, con la nueva Ley se pretenden garantizar las condiciones de seguridad ciudadana, respetando la libertad y dando una completa seguridad jurídica. Su objetivo, por tanto, sería mantener la tranquilidad de los ciudadanos. Sin embargo, como reflejan las encuestas del barómetro del CIS, en nuestro país no hay problemas de seguridad. La ciudadanía muestra preocupación por el paro y la corrupción -aspectos que siguen sin resolverse-, pero no por la seguridad. De hecho, según el propio Ministerio del Interior, los delitos y faltas se redujeron en 2012 un 0,7% respecto al año anterior.
Esta Ley diferencia entre faltas leves, graves y muy graves. Algunas de estas últimas son las manifestaciones no autorizadas, las de carácter ‘coactivo’ que se celebren durante jornadas de reflexión, las concentraciones frente a las Cortes Generales no autorizadas, la asistencia a manifestaciones con el rostro cubierto o ofender a España o las Comunidades Autónomas. Estas faltas contemplan sanciones que van de los 1.000 a los 60.000 euros.
En cuanto a las faltas leves, se incluyen las manifestaciones que no se han comunicado o que no han sido aceptadas. Además, también se multará a quienes distribuyan imágenes de policías y de fueras de seguridad del Estado, cuando los fines de estas supongan un ‘atentando contra la intimidad y pongan en riesgo una operación’. Las multas en estos supuestos irían de los 100 a los 1.000 euros.
Por todo esto nos opon
emos desde EQUO a la Ley de Seguridad Ciudadana y creemos que, con el pretexto de la seguridad y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales. Cada vez hay más represión en las calles, más detenciones e identificaciones injustificadas y un mayor número de sentencias injusta
s.
El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental recogido por la Constitución Española, y el Tribunal Constitucional considera que el derecho de reunión constituye el cauce del principio democrático participativo. EQUO afirma, basándose en la carta magna, que no pueden condenarse ni las protestas pacíficas ni los legítimos actos de desobediencia civil. Se busca seguridad, pero los ciudadanos no están más tranquilos cuando se les multa por expresarse libremente o cuando se les priva de su derecho de reunión y manifestación.